MARIO ÁVILA EN MÉRIDA

Por: Martín Echeverría Victoria

En días recientes se ha visto en distintos puntos de la ciudad de Mérida propaganda del candidato panista a la gubernatura, Mario Avila Lizárraga. Pareciera oneroso el desplegar propaganda en donde no hay nadie a quien persuadir para votar, excepto a los ciudadanos campechanos que acuden frecuentemente por asuntos familiares, laborales o comerciales a esta ciudad. La acción en sí misma habla de la disponibilidad inagotable y cómoda de recursos, al punto de que la campaña puede darse el lujo de promover el voto en un segmento proporcionalmente muy reducido de campechanos sin debilitar el músculo propagandístico de casa.

Sin embargo pensamos que el objetivo de este despliegue no es práctico, sino simbólico, y nos parece relacionado en mayor medida con el caso Megamedia– Loteria Nacional. Los acontecimientos del caso han sido ampliamente discutidos en medios locales y nacionales, y no serán detallados en esta columna. La fotografía final que nos queda es un intento de soborno oficial denunciado y sostenido por la corporación mediática, parcialmente reconocido por las autoridades federales y el mismo partido – patente en los movimientos al interior de los equipos y en las separaciones temporales, “facilitadoras” de indagaciones posteriores - y negado por el propio candidato. De comprobarse las imputaciones del Diario de Yucatán, el acontecimiento constituiría el caso más evidente de que las relaciones que el gobierno entabla con la prensa no han dejado de ser de connivencia y de espaldas al interés público, y que el gobierno federal panista no sólo no dejó atrás las prácticas del priísmo cabal – “no pago para que me peguen”, diría con franca naturalidad el expresidente López Portillo – sino que está dispuesto a perpetuarlas mediante el silencio y la complicidad.

El “control de daños” panista se orquestó mediante una contra campaña que incluyó el poner en entredicho al Diario de Yucatán ante la audiencia campechana a través de medios locales afines, y lanzar propaganda en plazas en donde los lectores del Diario de Yucatán estuvieran concentrados. Este es el caso de Mérida. Su presencia es una réplica directa a este medio porque le intenta dejar en claro que los financiadores de la campaña tienen suficiente poder como para enderezar la reputación de su candidato; de la misma manera la propaganda persuade acerca de su buena imagen, de su probidad, e intenta poner a los lectores en situación de decidir si los acontecimientos relatados por el Diario de Yucatán tienen validez ante la honradez desplegada por dicho candidato a través de su imagen.

De otra manera, ¿por qué defenderse en territorio ajeno? Las campañas electorales de otros estados, e incluso las que acontecen en el mismo estado, concitan muy poca atención de parte de la ciudadanía. El propio Diario de Yucatán si bien goza de un amplio tiraje, es leído por una fracción limitada de la población de la ciudad. Al final del día sólo una parte minoritaria de la población conoce este tema – y a una parte ínfima le parecerá relevante. Para el grueso de la opinión pública la presencia de propaganda de un candidato campechano en Yucatán es una excentricidad o por lo menos un desatino.

Lo cierto es que una parte del dinero de esta campaña es público, que las campañas electorales están destinadas originalmente a orientar al elector en su decisión de voto – evidentemente a favor del emisor - , y que lejos de estas finalidades los recursos están ahora dedicados a contrarrestar un escándalo mediático en un entorno en donde no ocurrió. La acción se antoja no solamente como una exquisitez de la mercadotecnia electoral – “extraterritorial”, diríamos - , sino como un desperdicio de recursos a contra sentido del hecho de que las campañas sean financiadas con dinero público.

La fiscalización y la revisión de los “topes” de campaña, en las horas posteriores a la elección, nos darán una idea más certera de las consecuencias de estas novedosas prácticas.